EFE
La investigación abierta por la UEFA al FC Barcelona por el denominado caso Negreira establece tres escenarios: el archivo de la misma, la incoación de un expediente sancionador o esperar a que se celebre la vista, una decisión de calado tanto económico como reputacional para la entidad azulgrana.
Tal y como recoge la normativa, el Barcelona conoció de primera mano el inicio de la investigación. Y la UEFA ya le ha informado de que los inspectores de Ética y Disciplina que ha nombrado para investigar el caso son los suizos Jean-Samuel Leuba y Mirjan Koller.
Uno de ellos también fue designado para investigar el proyecto de la Superliga europea. En aquella ocasión, la UEFA abrió un procedimiento contra el Real Madrid, el Barcelona y el Juventus, en mayo de 2021, también como ahora atendiendo al artículo 31.4 del reglamento de Ética y Disciplina, pero tres semanas después suspendió temporalmente el procedimiento.
ESCENARIO A: ARCHIVO DE LA INVESTIGACION
Sería el escenario ideal para los intereses del Barcelona, aunque podría darse la circunstancia de que la UEFA esperara a adoptar una decisión a que se cerrara el procedimiento penal abierto.
ESCENARIO B: EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Iniciada la investigación por parte de la UEFA y finalizada la competición liguera, el Barcelona deberá presentar la documentación ante la UEFA para su admisión en la próxima edición de la Champions League, en el caso de que se clasifique para la misma, como todo apunta que ocurrirá. Muy probablemente lo haga, además, como campeón de LaLiga.
Atendiendo al Reglamento de la Champions League (4.2), en la documentación debe hacer constar si ha estado implicado directa o indirectamente en fraude deportivo, es decir «en cualquier actividad dirigida a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional», hechos que están siendo investigados en la actualidad.
En ese caso, podría ser la Comisión de Apelación de la UEFA la que decida al respecto y en el caso de sanción (por una temporada), el Barcelona podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La sanción que podría recibir el Barcelona podría ser deportiva (exclusión de las competiciones europeas), económica o ambas. En todo caso, quedar fuera de Europa supondría un perjuicio económico muy grave para las arcas del FC Barcelona. Por ejemplo, en la presente edición de la Champions League, sin acceder a la ronda eliminatoria, el club español ha ingresado más de 70,5 millones de euros.
ESCENARIO C: ESPERAR A LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL
Esta tercera posibilidad dilataría mucho tiempo el proceso. A mediados de febrero se conoció la existencia de la investigación de la Fiscalía de Barcelona por el pago de más de 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA, y a su hijo, Javier Enríquez Romero. Y desde entonces se han realizado diferentes actuaciones.
En el seno del club azulgrana existe un precedente, el caso ‘Barçagate’, que vio la luz en febrero de 2020. Se trata de la supuesta trama difamatoria que urdió la directiva de Bartomeu a través de las redes sociales contra opositores y algunos jugadores, contratando a una empresa externa a la que se le pagó seis veces por encima del valor de mercado.
La instrucción del citado caso, que tendría que haberse cerrado el 29 de enero de 2023, se ha prorrogado en cuatro ocasiones. La última hasta finales de julio de 2023.
PRECEDENTES: SANCIONES DE LA UEFA
La UEFA ya sancionó al Olympique de Marsella con la exclusión de la Champions League 1994-1995, después de confirmarse que el club había comprado un partido de la liga gala ante el Valenciennes y de que la Federación Francesa le retirara el título de campeón de Liga 1993-1994.
También prohibió participar en sus competiciones al Anderlecht belga por un caso relacionado con compra de partidos en la temporada 1998-99.
La UEFA sancionó duramente al Pobeda macedonio con ocho años de suspensión para participar en competiciones europeas por manipular el resultado de un partido en la ronda previa de la Champions League en 2004.
En el caso del Barcelona, el informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario concluye que estos pagos no corresponden «a una actividad económica acreditada», pero tampoco ha hallado «prueba alguna en cuanto a que pudiera influir en los resultados».
